Daimiel
- Lugar: cementerio municipal
- Geolocalización: 39.055215, -3.620997
- Víctimas: 147 personas Más información
- Estado: Sin intervenir / Reconversión en memorial
- Historia:
Entre los años 1939 y 1941 fueron enterradas en Daimiel 147 personas víctimas de la represión de posguerra. No todas estas personas recibieron el mismo tratamiento tras su muerte. Según varios testimonios, el párroco de la Iglesia de Santa María, Tiburcio Ruiz de la Hermosa, impidió que los cadáveres de los fusilados se amontonaran en una fosa común si había familiares que pudieran enterrarlos dignamente. De hecho, fueron inhumados con un cierto orden y la inscripción detallada en los libros del cementerio permitía tenerlos localizados por si alguien venía a buscarlos. Pero la maquinaria de la muerte era demasiado rápida para poder procesar todos esos cuerpos y muchos acabaron compartiendo su lugar en la tierra.
Las causas abiertas se fueron multiplicando hasta el punto de que el 19 febrero de 1941 el Partido Judicial de Daimiel tuvo que triplicar el número de jueces militares que dictaban sentencias, pasando de uno a tres. En el Archivo Municipal se encuentran varios documentos que dan constancia del coste que suponía para el Ayuntamiento este sobreesfuerzo destinado a engrasar el engranaje de la represión, tanto en personal como en medios.
También se encuentran facturas por el alojamiento y manutención de los jueces y sus ayudantes emitidas por los hoteles de los distintos pueblos que comprendía el partido. La actividad del médico forense fue aumentando exponencialmente y necesitaba material especializado; había que encargar las banderas que debían ondear en todas las instituciones e imprimir formularios para los juicios y sentencias.
El cementerio de Daimiel contaba con varias zonas: la de panteones, la de sepulturas (dividida en “patios”, cada uno de ellos con el nombre de un santo), un osario y la zona civil, separada por un muro y con entrada independiente. El patio de San Luis sería el lugar de recepción prioritario de los represaliados por ser donde se ubicaban las tumbas de caridad. De los 147 cuerpos, cinco fueron enterrados en el cementerio civil, dos en San José, 25 en San Juan, 11 en Santa Ana, 80 en San Luis y 24 en una zona llamada «Nueva» donde se concentraron las primeras fosas comunes.
La lista de los fusilados se abre el 11 de mayo de 1939 con seis socialistas: Bernardo Alcázar García Muñoz, José Martín Consuegra Loro, Deogracias Escudero Pozo, Juan Francisco Romero Sánchez, Victoriano Martín Gil de la Morena y Casiano Alegre Corniel. Los tres primeros fueron enterrados en el patio de San Juan; el cuarto en Santa Ana y el quinto en el patio de San Luis.
En el libro del cementerio, se indica que el sexto, Casiano Alegre, fue enterrado en el «Primer grupo» de esta nueva zona del camposanto (fila 1, n° 4). El 18 de mayo lo acompañaría José Núñez de Arenas Espinar (fila 1, n° 3). El 12 de julio Feliciano Díaz-Alejo y Antonio Martínez González serían los últimos, con los números 2 y 1 respectivamente.
Ese mismo día se abriría una segunda fila de este «Primer grupo» con Marcelino Gómez Exojo (fila 2, n° 4), Juan Antonio Díaz-Galiano (fila 2, n° 2). Gregorio Gómez Hernández (fila 2, n° 3) y Oliverio Vega Chocano (fila 2, n° 1) serían incorporados al grupo el 24 de octubre. Este procedimiento de rellenar huecos en la misma fosa con sacas posteriores será una práctica habitual; por ello aparecen filas incompletas ya que los enterradores no podían prever si los nuevos difuntos serían reclamados por algún familiar, ni tampoco el número de fusilamientos de cada día.
El 12 de julio se abre una tercera fila para el «Primer grupo», que agrupará los cuerpos de Ramón Tortosa Arias (fila 3, n° 4), José Mora Villanueva (fila 3, n° 2). Deogracias Reino Fernández (fila 3, n° 3) y Publio Sánchez Moreno (fila 3, n° 1) serían enterrados el 24 de octubre. El mismo día de julio se creará también un «Segundo grupo» con Antonio Sánchez de Pablo (fila 2, n° 9) Miguel Carnicero Fernández (fila 2, n° 7), Dimas Molina Martínez (fila 2, n° 6), Baldomero Redondo Romero (fila 2, n° 5, enterrado el 17 de noviembre).
El «Segundo grupo» aumentará dos filas más, cada una de ellas preparada para seis cuerpos. La tercera comenzaría con Pablo Pérez Córdoba (fila 3, n° 6), Vicente Ortega Montealegre (fila 3, n° 5 enterrado el 24 de octubre), Valeriano Rico Cañadillas (fila 3, n° 4, enterrado el 24 de octubre), Luis Redondo Romero (fila 3 n° 3 enterrado el 11 de noviembre). La cuarta lo haría con Dolores Labrador Reino (fila 4, n°6, enterrado el 24 de octubre), Pablo Exojo Díaz (fila 4, n° 5 enterrado el 24 de octubre), Manuel Infantes Ruiz (fila 4, n° 4 enterrado el 24 de octubre) y Juan Manuel Baeza Giménez (fila 4, n° 3).
El 10 de mayo de 1940 se abrió en San Luis un segundo grupo con tres filas. La primera se abriría con Cándido García García (fila 1, n° 9), Francisco Perea Fino (fila 1, n° 8), Juan Vicente García Gómez (fila 1, n° 7), Clemencio del Álamo Camarena (fila 1, n° 2), Matías Chico Fernández (fila 1, n° 1). La segunda con Nicolás López de la Nieta (fila 2, n° 7, enterrado el 25 de junio), Lorenzo Martín-Gil (fila 2, n° 6), Manuel García Carpintero Fernández (fila 2, n° 5). La fila tercera incluiría a Alfonso Freira Aguirre (fila 3, n° 4 enterrado el 25 de junio) En la fila 16 de San Luis se conformaron tumbas dobles: la de Domingo Exojo Ochovo y Florencio Sánchez Crespo Medina (primer y segundo cuerpo fila 16, n° 1) y la de Domingo Fernández Sánchez y Ángel Barrejón García (primer y segundo cuerpo fila 16, n° 2).
Los últimos represaliados —sobre todo muertos en prisión— compartirían sepultura con otros vecinos fallecidos por causas comunes en el patio de Santa Ana. José López Tercero García sería el primer cuerpo de la fila 78, n° 2; Antonio Pinilla Gómez el primer cuerpo fila 80, n° 2; Juan Manuel Molina Fernández el segundo de la fila 80, n° 4 (el primero sería el de una mujer que murió de bronquitis); Joaquín Rodríguez Barbero el primer cuerpo de la fila 83, n° 1. José María Fernández Infante García Villarrubia y Sandalio Eduardo Escudero de las Morenas Morales serían el primer y segundo cuerpo de la fila 83, n° 2.
Algunos familiares de otros pueblos decidieron comprar su sepultura en Daimiel para poder trasladar a su difunto de un modo más sencillo y, cuando fue posible, también los daimieleños rescataron a los suyos del lugar de oprobio donde fueron enterrados para acercarlos más a sus familias. Esto produjo con el tiempo un gran movimiento de cadáveres dentro del propio camposanto. Así un represaliado pasaría de San Juan a San José; 18 serían trasladados de San Luis a San José o San Juan; ocho de Santa Ana y tres de la zona nueva acabarían en San José.
Las condiciones de estos enterramientos requieren aún un análisis profundo para estudiar con detalle cada una de las circunstancias que los acompañaron.
El 28 de enero de 1941 el ayuntamiento encargó un ataúd «único», que estaba forrado de cinc y era lavable, para poder ser reutilizado. El uso de un ataúd reutilizable, que servía de depósito temporal durante los traslados, abarataba los costes de los enterramientos a más de la mitad en unos momentos en que los servicios funerarios eran muy demandados. Se puede ver la diferencia en estas dos facturas. El cuerpo del preso villarrubiero Gabriel Alises Arenas fue enterrado el 1 de febrero de 1941 en una caja de madera que costó 50 pesetas. El 5 de marzo de 1941 el ataúd de cinc se usó para llevar al daimieleño Urbano Gómez Córdoba desde la prisión de Santa María, donde había muerto, al lugar de su entierro. El trámite costó 20 pesetas. Según el registro del cementerio, ambos fueron enterrados por «caridad» en la zona general de San Luis, en el mismo lugar donde iban a reposar todos aquellos que no tenían ingresos ni sepultura propia.
En la transición, los cambios de la vida política se reflejaron también en el cementerio. Los familiares de los fusilados recibieron una carta, quizás escrita por un concejal responsable de obras comunicando la modificación en la zona donde se encontraban los cuerpos de los fusilados. Se tiene constancia de sólo dos peticiones de traslado. Se autorizó entonces la exhumación de los villarrubianos Julián Fiorito Fino y Aurelio Fernández Navarro, cuyas viudas se los llevaron a su pueblo.
El 14 de mayo de 1979 el ayuntamiento aprobó el restablecimiento de la comunicación entre el cementerio católico y el civil derribando las tapias de separación y clausurando la puerta que comunicaba a este último con el camino de Almagro.
Por esos años, en reñidos plenos municipales, parte de las polémicas giraban en torno a la posible desaparición de los memoriales franquistas y el cambio del nombre de las calles que recordasen a los vencedores de la guerra. Sendas mociones en ese sentido fueron desestimadas con un estrecho margen de votos, tanto en 1976 como en 1981. Pero hubo una iniciativa que consiguió salir adelante.
En el acta del 3 de octubre de 1980, aparece la propuesta de los concejales del PSOE y del PCE de ocupar en la muralla exterior del cementerio, con objeto de la festividad de Todos los Santos y el día de Difuntos, en el lugar donde fueron ejecutados los que dieron su vida por la Democracia y la libertad de España, el acondicionamiento, enlucido y decoración de una superficie de 15 metros de longitud por la altura que tiene actualmente la muralla, donde se fijará una placa de unas dimensiones aproximadas de 1 metro por 60 cms. con una inscripción dedicada a los que dieron su vida por la defensa de la libertad y la democracia con el siguiente texto: “En recuerdo de los hombres que murieron defendiendo la libertad y la democracia”, siendo el coste, la instalación y la conservación de esta obra ajenas a este municipio. En los días conmemorativos se utilizará el terreno delantero a esta obra y protegiendo ésta con una valla provisional, con unos soportes de madera y un cordón de separación para que aquellos familiares que deseasen depositar un ramo de flores pudiesen efectuarla en este lugar. Se acompaña descripción exacta de lo pretendido a realizar.
La moción fue aprobada por unanimidad.
La ejecución de este proyecto provocó un enorme revuelo en la localidad, ya que algo que en un principio había sido autorizado como una modesta placa se va convirtiendo en su materialidad en un auténtico monumento en homenaje a los represaliados. El exterior de la tapia es solado con hormigón «para que no crezca la maleza» y, delante de la lápida, se construyen tres escalones y unos soportes fijos para servir de apoyo y realce para coronas y ramos de flores. Pocos días antes de su inauguración, el 30 de octubre, se convocó otro pleno extraordinario de urgencia, pues algunos consideraban que la obra realizada debía destruirse por incumplir los acuerdos de mínimos aprobados por el Gobierno municipal.
De aquel primer acto de homenaje se hizo eco la prensa local.
En 1981, se encargó un proyecto para la ampliación del cementerio, que se reorganizaría utilizando el mismo terreno cercado, que incluía un vertedero. El proyecto distinguía tres zonas: la de panteones, la de fosas y la general. Allí se afirmaba que «es deseo del Ayuntamiento dejar tanto la zona de panteones como la general de tal forma que en su día los futuros propietarios inicien las obras por su cuenta»91 . Las obras de ampliación comenzarían casi un año más tarde. El plano de las instalaciones se modificó complicando la identificación del lugar de enterramiento de gran parte de los represaliados.
El memorial tuvo que trasladarse a una pared lateral, donde se encuentra actualmente, al desaparecer la tapia donde estaba ubicado. La placa original fue acompañada de un listado con los nombres de las personas que murieron a consecuencia de la represión de posguerra, usando como fuente fundamental el libro de registro del cementerio. Por ello, esta lista incorporó algunos errores que se encontraban en dicho registro.
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